Alianza Social Continental

Tribunal de Londres ordena revocar la congelación de 12 mil millones de dólares pertenecientes a PDVSA
El gobierno de Venezuela se apuntó este martes una victoria definitiva sobre la multinacional estadunidense ExxonMobil, que había logrado en enero pasado una orden judicial para congelar activos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) por 12 mil millones de dólares. El fallo de un tribunal londinense, conocido hoy, supone el fin del intento de la multinacional de hacer valer leyes supranacionales en un litigio que mantiene con Caracas por la decisión del presidente Hugo Chávez de retomar para el Estado el control sobre el petróleo venezolano.

“He decidido que la orden judicial” de congelación mundial de fondos dictada el 24 de enero contra PDVSA a pedido de ExxonMobil “debe ser revocada”, determinó hoy el juez Paul Walker, del Alto Tribunal de Inglaterra y Gales, instancia a la que había recurrido la firma estadunidense. La sentencia tiene efecto inmediato.

En Caracas, capital de Venezuela, el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, dijo, después de conocer la noticia, que el fallo del tribunal londinense “pone punto final a la abusiva estrategia de hostigamiento financiero y legal de la ExxonMobil contra PDVSA, y le da razón al Estado venezolano en la defensa del derecho soberano sobre el manejo de sus recursos naturales”.

El fallo del juez Walker “pone en su sitio a la ExxonMobil”, añadió el ministro Ramírez. “Todo el país debe saber que la decisión es 100 por ciento a favor de los alegatos de la nación, es decir, que hemos derrotado a la ExxonMobil”, declaró.

Revertir la privatización

La victoria obtenida por Venezuela en la corte londinense cierra uno de los capítulos en la estrategia adoptada por el país sudamericano a partir de 1999, cuando llegó al poder el presidente Hugo Chávez, para retomar el control sobre el petróleo venezolano, transferido parcialmente a empresas privadas, la mayoría trasnacionales, aun cuando formalmente esa participación estaba prohibida por la constitución venezolana.

El 8 de febrero pasado, en un mensaje en cadena nacional, el ministro Ramírez explicó a los venezolanos que el origen del litigio del Estado contra la ExxonMobil se remontaba a los años noventa. En ese periodo, abundó, se desarrolló en el país una política de entrega de la industria petrolera, “una política por intermedio de la cual se privatizó buena parte de las actividades que correspondían a nuestra industria Petróleos de Venezuela”.

A la par de esa privatización al margen de la Constitución, señaló el ministro en ese mensaje, comenzó un desmontaje de lo que era el régimen fiscal petrolero del Estado venezolano por la vía de la disminución de los ingresos petroleros, a través de los impuestos y de la regalía. “Esta política se conoció en su momento como la Apertura Petrolera. A partir de 1999, el gobierno del presidente Chávez inició una política de recuperación de la plena soberanía petrolera, recuperación del manejo de nuestro principal recurso”.

Desde 1999 el gobierno venezolano tomó acciones para recuperar una mayor parte de la renta petrolera (la diferencia entre el costo de extracción y el de venta del petróleo), tanto en el terreno fiscal, a partir de cobrar mayor regalía e impuestos a las empresas, como en lo relacionado directamente sobre la propiedad de los yacimientos.

En este último aspecto, el 27 de febrero de 2007 el gobierno emitió un decreto de nacionalización de los yacimientos de la faja petrolera del Orinoco, uno de los mayores reservorios del mundo, que había sido entregada por los anteriores gobiernos a trasnacionales. Eran los últimos proyectos que quedaban bajo el control de las firmas trasnacionales. Incluso, PDVSA tenía prohibido detentar la mayoría accionaría en este conjunto de proyectos. En el contexto de este decreto de nacionalización comenzó el proceso para migrar al esquema de empresas mixtas todos los proyectos que estaban vigentes en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Las trasnacionales involucradas

En este proceso de migración el gobierno venezolano logró acuerdos con más de diez petroleras trasnacionales, entre ellas: Total, de Francia; Statoil, de Noruega; Emi, de Italia; British Petroleum, del Reino Unido. Con las que ya operaban en la faja y no aceptaron el acuerdo de participación mixta, el gobierno obtuvo acuerdos para liquidar su participación. Sólo dos compañías, ambas estadunidenses, no aceptaron ningún tipo de pacto para reducir su participación o para finiquitarla, y decidieron acudir al arbitraje internacional: Conoco Phillips y ExxonMobil.

La posibilidad de un arbitraje internacional, que implica que un país, en este caso Venezuela, aceptara someterse a la decisión de un tribunal internacional, no fue aceptada en ningún momento por Caracas. ExxonMobil alegó que los gobiernos anteriores a Chávez habían aceptado que en los contratos figurara una cláusula de arbitraje internacional (como existe en los contratos de cooperación científico-técnica firmados por Petróleos Mexicanos con compañías extranjeras).

Antes de recurrir al arbitraje, ExxonMobil dijo que para salir de Venezuela reclamaba una indemnización de alrededor de 5 mil millones de dólares. PDVSA ofreció pagar 750 millones de dólares, que es el valor en libros de los activos que la estadunidense detenta en la faja del Orinoco. La diferencia entre estas dos cifras originó el litigio que fue resuelto ayer en Londres a favor de Caracas.

El siguiente paso

Según el abogado Gordon Pollock, de la firma británica Stephenson Harwood, que representó a PDVSA en el juicio que hoy terminó, ExxonMobil no apelará la sentencia del juez Walker. El grupo venezolano podrá reclamar a la estadunidense por daños y perjuicios, relacionados con el tiempo que estuvieron congelados los 12 mil millones de dólares y por los gastos del juicio. Se estima que estos costes representarán 800 mil dólares.

ExxonMobil declinó comentar si apelaría la decisión del juez londinense. La sentencia de hoy significa que ExxonMobil no podrá mantener congelados los fondos de PDVSA, aunque el monto del pago que el gobierno venezolano deberá hacer por la salida de la estadunidense de la faja del Orinoco todavía tendrá que ser dirimido por ambas partes en Estados Unidos.

“Vamos a regresar al arbitraje en Nueva York para buscar la compensación justa a las empresas que han visto afectados sus intereses. El cronograma de las acciones lo va a establecer el arbitraje. Ahora nos sentamos tranquilos donde hemos debido estar desde hace tiempo”, señaló el ministro Ramírez.

Con información de Afp, Reuters y Roberto González Amador

Fuente:
La Jornada