Por ASC noticias. 7 de marzo de 2008
En anuncio público desde la Casa Blanca, George Bush formalizó el envío del TLC para ser votado en el Congreso estadounidense, pese a la oposición de la mayoría demócrata, y a la recomendación que Nancy Pelosi hiciera de no forzar su aprobación antes de que acabe este periodo presidencial en enero.
Coherente con sus últimas intervenciones a favor del TLC con Colombia, Bush manifestó que "este tratado permitirá a Estados Unidos mejorar la seguridad en una región crítica para nosotros". “La necesidad de este acuerdo es sumamente urgente y lo que está en juego para nuestra seguridad nacional es sumamente alto que no podemos permitir que concluya el año sin una votación sobre el acuerdo. La no ratificación de este tratado enviaría a otros países el mensaje de que nuestros amigos no pueden contar con la ayuda de Estados Unidos. El tratado con Colombia es similar al que se aprobó con Perú, con la diferencia de que la economía colombiana es más grande y su papel estratégico, mayor. ", señalo Bush.
Comienza entonces, la cuenta regresiva para que ambas cámaras del legislativo sometan a votación el proyecto de ley de aprobación del TLC, en un plazo de 90 días. La riesgosa apuesta sin precedentes para un tratado comercial, evidencia el temor del gobierno republicano a que el TLC no sea aprobado antes del receso vacacional del Congreso, pues la condiciones serían aún más adversas en medio de la recta final de las elecciones presidenciales.
La oposición demócrata al TLC
También en concordancia con la posición mantenida en torno al TLC en el último año, desde ya la mayoría demócrata manifiesta que no dará su apoyo al acuerdo mientras no haya progresos significativos en materia de protección a sindicalistas, al igual que en las investigaciones por las relaciones entre autoridades y legisladores cercanos al Presidente Uribe con el paramilitarismo. Sumado a las anteriores exigencias, los demócratas supeditan cualquier tipo de apoyo al TLC a una extensión de la Ley de Ajuste Comercial (TAA), la cual reglamenta un programa federal dirigido a compensar a trabajadores estadounidenses que se hayan visto perjudicados por los tratados de libre comercio.
Los candidatos demócratas a la presidencia también han fijado posición contraria al acuerdo comercial. Hillary Clinton, afectada por la controversia en torno a su ex asesor Mark Penn por hacer lobby a favor del TLC con Colombia, manifiesta que votará en contra del tratado. Según la candidata, "Estados Unidos debería buscar tratados comerciales que promuevan los derechos humanos y no hagan la vista gorda ante notables abusos". "Como lo he dicho durante meses coherentemente, me opongo a la firma de cualquier acuerdo comercial con Colombia, mientras siga la violencia contra los sindicalistas y que los autores no sean llevados ante la justicia", señaló la senadora, quien en reacción a las críticas de los últimos días a desautorizado cualquier contacto de sus asesores con funcionarios de la embajada colombiana en Washington.
Por su parte el senador Barack Obama, quien el pasado 15 de noviembre de 2007, junto a un numeroso grupo de senadores demócratas envió una carta a Uribe exigiéndole velar por el respeto de los derechos humanos, anticipa también su votación en contra del tratado. En recientes declaraciones, refiriéndose a la violación de los derechos humanos en Colombia, Obama ha expresado que "no es la conducta que queremos recompensar".
La grave situación de DDHH en Colombia
De ser sinceras las objeciones de la mayoría demócrata en contra el TLC con Colombia, el escenario de violación de derechos humanos que los legisladores deben considerar es bastante preocupante. Según centrales sindicales colombianas, en lo que corrido de este año, siete dirigentes han sido asesinados brutalmente sin que hasta el momento haya responsables. También tras una movilización nacional en contra del paramilitarismo y los crímenes de Estado, varios de sus organizadores han sido asesinados y otros más amenazados.
Sumado a lo anterior, según lo denuncian organizaciones de derechos humanos a partir de cifras oficiales, en los casi seis años de gobierno de Álvaro Uribe, las Fuerzas Armadas colombianas habrían asesinado más de 1,600 civiles en ejecuciones extrajudiciales, a quienes en muchos casos presentaron falsamente como guerrilleros caídos en combates. Por los hechos más de 700 militares están siendo investigados por la Fiscalía y la Procuraduría de Colombia. Esta dramática situación en semanas recientes tuvo eco en el diario estadounidense Washington Post en un artículo en primera plana. Preocupa también la aparición de nuevos grupos paramilitares a los que se les acreditan numerosos asesinatos y desapariciones, así como una estrategia sistemática de intimidación a opositores del gobierno, estrategia ésta última que coincide en muchos puntos con temerarias acusaciones proferidas por la casa de Nariño y sus voceros en contra de la oposición.
