Propuesta de la ASC sobre Regulación Migratoria en EEUU y la Unión Europea

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DEFENDAMOS LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES

Actualmente el capitalismo mundial se encuentra en una grave crisis, la cual está provocando recesión económica en Estados Unidos y en algunos países europeos. Esta situación afecta de manera considerable a millones de inmigrantes latinoamericanos, principalmente a los que se encuentran en esos países en situación irregular. Las crecientes detenciones y deportaciones de miles de inmigrantes en los últimos meses, muestra claramente que el capitalismo se deshace de su reserva laboral cuando ya no la necesita después de haber aprovechado esta fuerza de trabajo sometida a niveles de sobreexplotación para lograr grandes ganancias.

La Unión Europea busca criminalizar aún más a ocho millones de inmigrantes en situación irregular mediante la llamada Directiva de Retorno, la cual pretende dar más poder a los Estados para repatriar a los “sin papeles”. Europa absorbe cada año entre medio millón y un millón de indocumentados, muchos de ellos latinoamericanos (ecuatorianos, colombianos, peruanos, bolivianos, peruanos, etc).

Este proyecto, que en breve posiblemente será aprobado por el Parlamento Europeo, precisa que los Estados "sólo podrán mantener detenidas" a las personas sometidas a procesos de retorno cuando "exista riesgo de fuga" o traten de "eludir o entorpecer" su repatriación. El período de detención máximo de seis meses no se podrá ampliar "excepto por un período limitado de otros doce meses", en los casos en los que la operación de retorno se prolongue más "debido a la falta de cooperación del afectado" o a "retrasos en obtener la documentación necesaria por parte de los terceros países". Ello supone que en la práctica el inmigrante puede estar detenido 18 meses. Entre los aspectos más polémicos de la Directiva de Retorno, están la posibilidad de detención de los menores no acompañados y la prohibición a los expulsados de volver a entrar en la UE durante cinco años.

El coordinador de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos del Parlamento Europeo, Manfred Weber, ha advertido que la directiva sólo puede ser aplicada a los países con los que la UE ha suscrito acuerdos bilaterales de retorno (Estados Unidos tiene acuerdos de “repatriación voluntaria” con México y algunos países centroamericanos, enviando por vía aérea a los “repatriados” que se acogen a estos programas).

El gobierno italiano con Berlusconi a la cabeza ha prometido "cerrar las fronteras y construir campos para identificar a los ciudadanos extranjeros sin trabajo que se ven obligados a entrar en la vida de la delincuencia".

En el caso de América del Norte, a partir de la firma de la Alianza para la seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) en marzo de 2005, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México han venido impulsando mecanismos de mayor control fronterizo y de los flujos migratorios. Ese mismo año Estados Unidos inició los operativos denominados “Tolerancia Cero” en su frontera sur colindante con México (2005: Del Río, Texas; 2006: Yuma, Arizona; 2007: Laredo, Texas; 2008: El Paso, Texas y Santa Teresa, New Mexico). Estas operaciones tienen como objetivo someter a los inmigrantes indocumentados a un juicio federal para ser procesados por el “delito federal” de “ingresar ilegítimamente” a ese país. Se imponen multas de 50 a 250 dólares y penas de hasta 6 meses en cárceles lejanas cuando se trata de la primera vez y mayores en reincidentes. En mayo de 2008, 260 inmigrantes indocumentados, la mayorí¬a de ellos guatemaltecos, fueron sentenciados a 5 meses en prisión tras haber sido detenidos en una redada del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en una planta procesadora de carnes en el norte del estado de Iowa donde eran forzados a trabajar bajo condiciones de sobreexplotación. Nunca antes en la historia de Estados Unidos un número tan elevado de inmigrantes habí¬a sido enviado a prisión por el "delito" de trabajar sin documentos, aunque de hecho fueron acusados de robo de identidad y fraude documental, pues para obtener sus empleos tuvieron, como hace la mayorí¬a en sus circunstancias, que utilizar documentos apócrifos o pertenecientes a otra persona.

México, por su parte, se encuentra instrumentando un Plan de Reordenamiento de la Frontera Sur para reforzar esta área con recursos que provendrán de Estados Unidos considerados en la llamada Iniciativa Mérida (plan de “colaboración” bilateral de seguridad en contra del narcotráfico y el terrorismo). Con el Plan de Reordenamiento el gobierno mexicano busca contribuir a la seguridad en esta región y ampliar el Sistema de Operaciones Migratorias (SIOM) con el establecimiento de un mayor número de controles migratorios a lo largo de esta frontera, y a integrar expedientes de cada uno de los migrantes que crucen sin documentos, para lo cual les serán tomadas fotografías y huellas digitales en los centros de detención donde actualmente pueden pasar meses antes de ser deportados. Con esta estrategia el gobierno mexicano colabora con el estadounidense en la sucia tarea de detener migrantes centroamericanos, de América del Sur y de otras partes del mundo para evitar que continúen su viaje al “Norte”.
Estados Unidos y la Unión Europea no buscan detener la migración laboral, sino regular los flujos de los migrantes mediante el establecimiento de mecanismos diversos para que éstos regresen a sus países después de haber cumplido con su trabajo. En Sevilla, España recientemente se puso en práctica un programa de contratación de trabajadoras agrícolas temporales marroquíes para trabajar mediante contratos en los campos de fresa, tomando como ejemplo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales mexicanos en Canadá (que existe desde 1974 y que ha ido creciendo en números), los cuales laboran en pésimas condiciones por algunos meses en campos hortícolas, frutícolas y del tabaco, regresando a sus comunidades de origen al final de su contrato para ser recontratados en el ciclo agrícola del año siguiente. Las iniciativas presentadas en el Congreso estadounidense en los últimos años contienen en su mayoría propuestas de este tipo de programas de trabajadores temporales, a los cuales se busca incoporar no sólo a los nuevos inmigrantes, sino a los que ya se encuentran en ese país en situación irregular y que actualmente alcanzan la cifra de 12 millones de personas, de las cuales 6 millones son originarias de México, la mayor parte de quienes han emigrado al norte durante el período del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que supuestamente llevaría grandes inversiones extranjeras para crear empleos y desarrollo económico en México.

La criminalización de los trabajadores migrantes mediante leyes o normativas está provocando una mayor vulnerabilidad de los migrantes en situación irregular los cuales, además de tener que aceptar trabajos pesados, peligrosos, sucios y con bajos salarios; tienen que soportar la discriminación, el hostigamiento y el rechazo de diversos sectores sociales de los países de recepción.
Frente a esta situación, los propios migrantes han venido organizándose y manifestándose en contra de su criminalización y en defensa de sus derechos plenos. Las grandes marchas que llenaron las calles de decenas de ciudades estadounidenses con cinco millones de inmigrantes entre marzo y el 1 de mayo de 2006 han sido las manifestaciones más grandes de la historia social y laboral de Estados Unidos. En diversos países de la UE los inmigrantes o sus hijos han manifestado su descontento de muchas formas y han comenzado a organizarse. En muchos países de América Latina los trabajadores migrantes han venido creando diversos tipos de organizaciones y redes para defender sus derechos. El Presidente de Bolivia, Evo Morales, ha enviado una carta a la UE manifestando su rechazo a la Directiva de Retorno, haciendo “un llamado a la conciencia de los líderes y diputados europeos, de los pueblos, ciudadanos y activistas de Europa, para que no se apruebe el texto de la "directiva retorno". Tal cual la conocemos hoy, es una directiva de la vergüenza”. Y hace un llamamiento a la Unión Europea a elaborar, “en los próximos meses, una política migratoria respetuosa de los

derechos humanos, que permita mantener este dinamismo provechoso para ambos continentes y que repare de una vez por todas la tremenda deuda histórica, económica y ecológica que tienen los países de Europa con gran parte del Tercer Mundo, que cierre de una vez las venas todavía abiertas de América latina. No pueden fallar hoy en sus “políticas de integración” como han fracasado con su supuesta “misión civilizatoria” del
tiempo de las colonias”.

La Alianza Social Continental se solidariza con la posición del Presidente boliviano Evo Morales, y hace un llamado a través de su Grupo de Trabajo sobre Migración y Libre Comercio, a aquellas organizaciones interesadas para ayudar en la articulación de las luchas, el intercambio de experiencias, unificar programas reivindicativos, identificar los puntos más críticos en los cuales se requiere una posición de identidad y fortalecer los lazos con el movimiento social del resto del Continente, en torno a algunos objetivos comunes, como:

Defender el derecho a no expatriarse por condiciones económicas o políticas. Luchar por la defensa de los derechos de los emigrantes en el exterior: reconocer la condición de ilegalidad; reconocer los derechos económicos, sociales, políticos y culturales; detener la deportación; garantizar el derecho al trabajo digno y a la libertad de movilización. Luchar porque los países latinoamericanos creen garantías suficientes para el retorno. Luchar por la defensa de los emigrantes frente a la especulación financiera creada en torno a las remesas.

Alianza Social Continental
Hemispheric Social Alliance


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