Europa levantó su muro: Parlamento aprobó ley antiinmigrantes

Por Eduardo Febbro Desde París/ El Parlamento europeo aprobó con una facilidad y una mayoría desconcertantes uno de los textos más controvertidos de los últimos años sobre la regulación de los flujos migratorios. Por 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, el Europarlamento adoptó en pocas horas la escandalosa Directiva Retorno mediante la cual se fijan reglas no comunes para la admisión de extranjeros sino un método drástico para expulsarlos. La directiva establece que los inmigrados ilegales podrán ser detenidos por un período que va hasta los 18 meses si rehúsan dejar el territorio europeo voluntariamente. El texto también estipula que los menores de edad son igualmente expulsables y que las personas expulsadas del territorio eurocomunitario no podrán regresar durante un lapso de cinco años.

Repudiada por varios gobiernos de América latina –los países de la Comunidad Andina de Naciones, la CAN y Uruguay protestaron enérgicamente (ver aparte)–, criticada por el Vaticano, la izquierda y las asociaciones de defensa de los derechos humanos, la Directiva Retorno pasó en virtud de una alianza entre conservadores, liberales y euroescépticos y, sobre todo, gracias a las ya absurdas divisiones del grupo socialista. Por esa razón el texto pasó limpio, es decir, sin ninguna de las enmiendas propuestas por los opositores. Envueltas en frases de un delicado cinismo, la Directiva abre paso a prácticas que hasta ahora eran impensables en las grandes democracias de Europa. La posibilidad de que un menor sea expulsado es, por ejemplo, uno de los capítulos menos gloriosos del texto que adopta únicamente una estrategia policial frente al fenómeno de la inmigración. La eurodiputada socialista francesa Martine Roure explicó que el resultado de los compromisos que facilitaron el voto era “insuficiente en materia de protección de los derechos fundamentales”. Más virulento, el eurodiputado comunista italiano Giusto Catania habló de una “Directiva inhumana impuesta por los gobiernos”. En cambio, el europarlamentario español Agustín Díaz de Mera (Partido Popular) explicó que “el acuerdo pone fin a algo difícilmente comprensible, como es que en la Unión Europea haya lugares donde los inmigrantes pueden ser retenidos indefinidamente”. De los 27 países, siete autorizan un período indefinido de arresto de ilegales, mientras que en 16 países, entre ellos Francia y España, el lapso no puede exceder los 32 o los 40 días.

El texto sometido al voto rompió la lógica de los grupos políticos. Los socialistas se quedaron estancados en sus divisiones y ello quedó plasmado en el voto cuando varios socialistas aprobaron la Directiva. “No es la victoria o la derrota de nadie. Podemos sentirnos satisfechos de haber obtenido por lo menos una reglamentación europea”, dijo el socialdemócrata alemán Wolfgang Kreissldörfler, que votó a favor del texto y contra la consigna oficial del grupo del PSE (Partido Socialista Europeo). Los adversarios del texto –ecologistas, socialistas y comunistas– argumentan que su aplicación desembocará en un deterioro de las condiciones de expulsión en los países de la UE que actualmente tienen una legislación más favorable. La aprobación de la Directiva Retorno es un esbozo de la política inmigratoria global que se avecina. La Directiva constituye una pieza más en el ya duro proceso de reorganización y endurecimiento de la política migratoria de la UE. Esta debería acentuarse aun más cuando Francia asuma el próximo 1º de julio la presidencia rotativa de la Unión. París pugna por la aprobación de un “pacto europeo” cuyos ejes son una suerte de “contrato de integración” que contempla el aprendizaje obligatorio de la lengua nacional para quienes quieran llegan a Europa y, sobre todo, el fin de las regularizaciones masivas de ilegales, así como una política común de asilo. Francia busca evitar que uno de los Estados de la UE proceda a regularizaciones masivas sin el acuerdo de todos los demás miembros. Según cifras de la Comisión Europea, entre uno y dos millones de inmigrantes llegan a Europa legalmente cada año. La misma fuente calcula que existen hoy 8 millones de extranjeros clandestinos. En el primer semestre de 2007, 200 mil ilegales fueron arrestados dentro de la UE. De esos 200 mil, 90 mil fueron expulsados. La Directiva Retorno consagra la visión represiva de una derecha europea que gana votos con el espantapájaros de la inmigración. La decencia y la defensa de sus ciudadanos imponen hoy una respuesta adecuada de los timoratos países latinoamericanos que, desde hace años, toleran que sus ciudadanos sean objeto de tratos impensables en los aeropuertos y comisarías sin protestar o actuar con la energía que se impone. Los casos de golpes, insultos racistas, abusos y expulsiones excesivas llenan un catálogo vergonzoso de la discriminación. La UE tiene hoy un texto común que abre la vía a más abusos. El silencio de la gran mayoría de las cancillerías latinoamericanas y los parlamentos nacionales ha sido, hasta ahora, un aliado de abrumadoras vejaciones. Ayer, las protestas se hicieron escuchar. Demasiado tarde.

Tomado de: Página 12

Repudio de países, artistas y ONG de DD.HH.

Varios gobiernos latinoamericanos, organizaciones defensoras de los derechos humanos e intelectuales europeos repudiaron con firmeza la sanción de la ley “Directiva Retorno”. Uno de los primeros en mostrar su rechazo fue el presidente de Ecuador, Rafael Correa. “¿Con qué calidad moral se puede sostener una globalización que cada vez busca más la libre movilidad de mercaderías, la inmediata movilidad de capitales, pero criminaliza la movilidad de seres humanos?”, declaró al Canal Uno de televisión de Quito.

El mandatario ecuatoriano explicó que su gobierno ya inició contactos en la región para protestar en conjunto contra lo que calificó de “agresión”. “Esa directiva no es la Directiva Retorno sino la Directiva de la vergüenza”, afirmó. El énfasis en las declaraciones de Correa responde al gran número de ecuatorianos que residen en Europa. Según información de la Cancillería de Quito, la medida podría afectar a más de tres millones de inmigrantes de la Comunidad Andina de Naciones, que Ecuador integra junto con Bolivia, Perú y Colombia.

La iniciativa de efectuar un reclamo conjunto no fue exclusiva de Correa. El Senado uruguayo manifestó su rechazo a la norma frente a los organismos de las Naciones Unidas y resolvió convocar a todos los parlamentos latinoamericanos a sumarse a su posición. Para los parlamentarios orientales, la sanción de la directiva es una “flagrante incongruencia” de la Unión Europea y la decisión de aumentar a 18 meses la reclusión de inmigrantes sin papeles “consagra una privación de libertad que se convierte en una verdadera pena de prisión”.

Desde el gobierno de Bolivia prefirieron no precipitarse y buscar la forma legal de enfrentar la nueva ley. “Lo que nos toca es estudiar detenidamente la norma aprobada y veremos las medidas que haya que adoptar de acuerdo con los intereses (de los inmigrantes bolivianos)”, dijo el vicecanciller, Hugo Fernández. Sin embargo, la cautela de sus declaraciones contrasta con la carta que el presidente Morales envió a la Unión Europea (UE) la semana pasada. En ese texto el mandatario llamó a la iniciativa “directiva de la vergüenza”, y planteó, como una medida de reciprocidad, la posibilidad de aplicar el visado a los ciudadanos europeos.

La reacción fue más moderada en Centroamérica, en línea con su estrategia regional de política exterior. “Independientemente de las normativas que en su debido momento emita el Parlamento Europeo, estamos concentrados en lograr un mejor trato, preferencial, en el aspecto migratorio para los centroamericanos”, dijo el vicecanciller salvadoreño, Eduardo Cálix, portavoz regional para el diálogo político con la UE. El funcionario indicó que ese trato preferencial se quiere lograr dentro del Acuerdo de Asociación que Centroamérica y la UE negociarán –por cuarta vez– entre el 14 y 18 de julio próximo, en Bruselas.

Las repercusiones no fueron exclusividad de los gobiernos. Amnistía Internacional manifestó su “honda decepción” por la votación celebrada ayer y subrayó que la nueva ley europea no garantiza el retorno de los migrantes irregulares en condiciones de seguridad y dignidad. Por el contrario, para la organización defensora de los derechos humanos “se corre el riesgo de reducir las normas existentes en los Estados miembro y se sienta un ejemplo extremadamente malo para las demás regiones del mundo”. A todo esto, artistas e intelectuales europeos se opusieron a la norma, entre ellos el cineasta español Pedro Almodóvar y el Nobel de Literatura, el italiano Dario Fò.