Latinoamérica de pie contra ley migratoria europea que criminaliza a millones de inmigrantes

18 de junio 2008 - El Parlamento Europeo aprobó este miércoles la controvertida Directiva de Retorno, una ley que criminaliza la condición de residencia ilegal de millones de inmigrantes.

La ley expresa que los inmigrantes podrán ser retenidos por un periodo de 18 meses durante los trámites de su salida del país, sin derecho a la defensa. Una vez expulsados, no podrán regresar a la UE en cinco años. También contempla la posibilidad de repatriación para los menores de edad no acompañados por sus padres.

La legislación debe entrar en vigor en el año 2010. Esto significaría que ocho millones de inmigrantes ilegales de 27 estados miembros de la UE estarían afectados. Los eurodiputados socialistas, críticos de la norma, afirmaron que criminaliza a las personas indocumentadas y sostuvieron que los gobiernos podrían abusar de ella para adelantar grandes repatriaciones de ciudadanos residiendo irregularmente en la UE.

La ley fue aprobada por 367 votos a favor, 206 en contra y 109 en blanco.

Fuerte oposición latinoamericana

Tras la aprobación de la controvertida Directiva de Retorno, varios países latinoamericanos emitieron su rechazo por considerarla violatoria de un derecho humano fundamental: la libre circulación.

El primero en pronunciar su rechazo fue el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien anunció que tomará acciones para lograr el apoyo a nivel andino – suraméricano en contra de la recién nacida ley. Las acciones estarán orientadas a "protestar frente a esta acción y atentado contra el derecho humano y, si es posible, dar respuestas concretas porque unidos sí somos mucho más fuertes y podemos exigir nuestros derechos", fustigó el gobernante.

La directiva de retorno es "la directiva de la vergüenza, es una vergüenza lo que ha hecho Europa", sostuvo Correa en una entrevista con la radio Sonorama. "Uno se siente muy impotente porque es el doble discurso y la doble moral de los países desarrollados, que les exigen muchas cosas (a los inmigrantes) y que se aprovecharon de nosotros", manifestó.

Correa reflexionó: "¿Qué habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva con los españoles que tuvieron que salir forzosamente de su país? ¿Se imaginan cuánto sufrimiento habría causado esa directiva?". Insistió en que la norma vulnera el derecho del ser humano a migrar a cualquie lugar del planeta.

"El derecho de migrar es un derecho del ser humano a estar en cualquier lugar del planeta. ¿Cómo se puede sostener, con qué calidad moral se puede sostener una globalización que cada vez busca la inmediata movilidad de capitales pero criminaliza la movilidad de seres humanos?", cuestionó. Según cálculos del Gobierno, alrededor de tres millones de ecuatorianos residen fuera de su país, la mayoría en Estados Unidos, España e Italia.

La cancillería ecuatoriana había señalado el martes en un comunicado "sus serias preocupaciones y objeciones" a la directriz, "que constituye un retroceso frente a las políticas sobre migración que tienen algunos países europeos".

Paraguay elevará a Mercosur su preocupación

Otro país que se opuso de plano a la nueva ley, desde antes de que fuera aprobada, es Paraguay, que este miércoles anunció que planteará en la cumbre de jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se realizará el próximo 1 de julio en Argentina, un pronunciamiento para rechazar la legislación.

En cuanto a este tema, el director general de Asuntos Especiales de la cancillería paraguaya, Víctor Hugo Peña Bareiro, mostró la preocupación de su Gobierno por la criminalización de los migrantes. La directiva "suma un conjunto de condiciones que equipara al migrante con un criminal. Nos preocupa muchísimo", añadió.

Bolivia y Uruguay presentes

La semana pasada el presidente boliviano, Evo Morales, había escrito en una extensa carta a la UE donde solicitó ''a nombre del pueblo boliviano de todos mis hermanos del continente, hago un llamado a la conciencia de los líderes y diputados europeos, de los pueblos, de los ciudadanos y activistas de Europa para que no se apruebe el texto de la directiva de retorno''.

Además, las cancillerías de los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) enviaron el pasado 9 de junio una comunicación a la UE en la que señalaron "las consecuencias negativas" de la directiva de retorno "podría ocasionar para los más de tres millones de inmigrantes de origen andino que residen en el territorio europeo".

Antes de que fuera aprobada, el senado de Uruguay rechazó la ley por unanimidad e instó a los parlamentos del resto de Latinoamérica a sumarse a su reprobación, por considerar que la norma viola los derechos humanos fundamentales. La declaración de la Cámara Alta uruguaya invita a sus colegas del continente a "tomar las medidas correspondientes desde el punto de vista del derecho internacional".

El documento del Senado uruguayo subraya que "la decisión europea constituye una violación a los derechos humanos básicos y en particular al derecho de libre circulación internacional" y anuncia su decisión de "hacer conocer a los órganos de las Naciones Unidas este rechazo".

En cuanto al internamiento de los "ilegales", los legisladores uruguayos consideran que con esto se consagra "una privación de libertad al aplicarse una verdadera pena de prisión". Critican que la Directiva de Retorno es "una flagrante incongruencia de la UE, que nutrió de inmigrantes a Latinoamérica y que se ha beneficiado de la capacidad de trabajo, de la honestidad y el esfuerzo de decenas de miles de inmigrantes".
Tomado de: Radio Mundial

Chávez amenaza con no enviar petróleo a quienes apliquen la ley de expulsión de indocumentados

El presidente venezolano Hugo Chávez amenazó este jueves con no enviar más petróleo a los países europeos que decidan aplicar la ley sobre la expulsión de indocumentados aprobada el miércoles por el Europarlamento.

"Al menos nuestro petróleo no debe llegar a esos países europeos" que apliquen esta directiva, aseguró Chávez en una rueda de prensa junto al presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo.

El mandatario venezolano aseguró además que de igual manera que Europa decide devolver a sus países de origen a los indocumentados, los países latinoamericanos también podrían decidir "el retorno de las inversiones europeas".

"Al menos en Venezuela. Aquí no nos hacen falta (...) Vamos a revisar las inversiones que tienen aquí para aplicar nosotros también una directiva del retorno. ¡Retornen sus inversiones para allá!", declaró Chávez.

El Europarlamento aprobó el miércoles en Estrasburgo (este de Francia) la polémica ley de expulsión de inmigrantes clandestinos de la Unión Europea (UE), que establece un periodo de detención de hasta 18 meses y una prohibición por cinco años para volver a entrar en Europa.

Madres de Plaza de Mayo califican de salvaje ley europea de expulsión de clandestinos

18 de junio 2008. - La organización humanitaria argentina Madres de Plaza de Mayo calificó este miércoles como salvaje la ley de expulsión de inmigrantes clandestinos de la Unión Europea, aprobada por el Europarlamento, y exigió su derogación.

"Las medidas discriminatorias que quieren implementar con los inmigrantes de todos los países del llamado tercer mundo, con prisión y deportación, son medidas salvajes", dijo un comunicado firmado por la presidenta de Madres, Hebe de Bonafini.

Bonafini, de 79 años, instó a los legisladores europeos a que "revean las medidas y antes que la cabeza sientan a su corazón".

"Vuestros países usaron a los inmigrantes como mano de obra barata y ahora ante la decadencia de estos estados, los condena a volver al hambre y a la desesperación", agregó.

La polémica ley de expulsión de los inmigrantes clandestinos, aprobada el miércoles en Estrasburgo por 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, establece un período de detención de hasta 18 meses y una prohibición por cinco años para volver a ingresar a Europa.

Madres de Plaza de Mayo nació en 1977 cuando buscaban a sus hijos detenidos o secuestrados por la dictadura militar (1976-83), que según organismos humanitarios dejó 30 mil desaparecidos en Argentina.