DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN RELIGIOSA A HONDURAS

Agosto 18-25 de 2009

Somos la sexta delegación internacional que ha llegado a Honduras desde el golpe de estado del 28 de junio de 2009. Hemos venido desde Panamá y los Estados Unidos como gente de fe – cristiano católica -- para acompañar en el dolor al pueblo hondureño y para comprender más claramente la realidad que está viviendo. Representamos al Equipo de Justicia de las Hermanas de la Misericordia de las Américas, la Oficina de Maryknoll sobre Compromisos Globales y Pax Christi Internacional.

Hemos estado en Honduras del 18 al 25 de agosto, visitando Tegucigalpa, Progreso, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara. Lo que hemos visto y oído aquí ha conmovido nuestros corazones y evocado en nosotros profunda preocupación.

También nos ha dado esperanza al reunirnos con muchos sectores de la sociedad hondureña que demuestran audacia y capacidad asombrosas para organizar una resistencia popular diversa y fuerte al golpe de Estado y a la represión posterior. Es claro que los hondureños tienen una esperanza perdurable por un país que promueva el bien común, la justicia y los derechos humanos.

Hemos visto y escuchado directamente de las víctimas acerca de las horrendas violaciones de los derechos humanos infligidas por las fuerzas policiales y militares hondureñas en los ciudadanos quienes ejercen pacíficamente sus derechos básicos garantizados por la Constitución hondureña y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos abusos, inclusive palizas, violación, acoso e intimidación, detenciones arbitrarias, desapariciones y hasta la muerte han sido bien documentados por la Organización Hondureña de Derechos Humanos, COFADEH y en los recientes informes de Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también presente en Honduras esta semana.

Nos alarma ver gente y patrones de abuso re-emergentes desde las sombras de la represión en décadas anteriores. La impunidad en el pasado para criminales y violadores de los derechos humanos ha dejado a los hondureños vulnerables en cuanto a una dolorosa repetición de la historia. La militarización, la información errónea, los extremados intentos de controlar a la población civil y la terrible polarización de la ciudadanía tienen ramificaciones de gran alcance para un pueblo que anhela un fin justo a la pobreza y la exclusión.

Estamos consternados por las implicancias que esto tiene para la región y más allá después de lo que hemos visto en Honduras. Estamos convencidos de que el conflicto aquí no es sólo sobre Manuel Zelaya, aunque el retorno del Presidente legítimo a su puesto es imperativo, sino que tiene que ver también con el abuso del poder de políticos, militares, y especialmente, el poder económico. Esto no augura nada bueno para el futuro del hemisferio o de cualquier país del mundo, donde los derechos básicos de los ciudadanos a una vida digna, a un entorno saludable y a participar en las decisiones importantes que afectan sus vidas desafían los privilegios y el poder de unos cuantos – ya sean personas, instituciones o intereses comerciales.

Estamos muy impresionados por la fuerte respuesta por la comunidad internacional a los eventos del día 28 de Junio. Los Naciones Unidos, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y muchos países individuales alrededor del mundo han denunciado el golpe de Estado y han tomado medidas fuertes para aislar a al gobierno ilegitimo.

Sin embargo, estamos profundamente preocupados por lo que creemos es una respuesta inadecuada del Gobierno estadounidense al golpe de estado en Honduras y a la represión subsiguiente. Nos alentó la respuesta inicial de EE.UU., pero atrapados en la controversia sobre aspectos técnicos constitucionales, las acciones posteriores no fueron oportunas ni suficientemente fuertes.

Instamos al Gobierno de EE.UU.
- A ser rotundo y denunciar públicamente las brutales violaciones de los derechos humanos cometidas por militares hondureños y las fuerzas policiales;
- A cancelar las visas diplomáticas, así como también de turistas y de negocios para los oficiales militares y civiles implicados en orquestar o conducir el golpe de Estado;
- A congelar las cuentas bancarias de los líderes golpistas en todos los bancos estadounidenses; y
- A seguir el ejemplo de otras naciones retirando al embajador Llorenz hasta que el Presidente legítimo de Honduras sea restaurado a su puesto.

Aunque el proceso dirigido por el laureado Nobel Oscar Arias tiene la posibilidad de facilitar el retorno a Honduras del Presidente Zelaya, la paz en el largo plazo dependerá de las garantías para que los pobres y los sectores marginados sean incluidos en la vida económica y política del país.

Además, una de nuestras preocupaciones más profundas tiene que ver con las hondas divisiones y la animosidad que rodean a la vibrante comunidad católica hondureña, cuando los ricos recursos de nuestra tradición de fe deberían estar guiando a la nación hacia una resolución justa de esta situación intolerable.

Hemos oído de muchas personas acerca de las profundas heridas, la ira y la pérdida de credibilidad ocasionada por la declaración del 3 de julio de la Conferencia Episcopal Hondureña. A pesar de nuestros intentos, no hemos podido asegurar una reunión con el Cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga SDB a fin de escuchar su perspectiva sobre esto y tratar de entender sus palabras y acciones que han creado una reacción tan intensa en el pueblo hondureño.

El Evangelio y la Doctrina Social Católica expresan claramente los valores, principios y prioridades que deberían ofrecer un marco para el compromiso de la Iglesia con la sociedad hondureña en este doloroso momento. En particular, la opción preferencial por los pobres, que es uno de los rasgos distintivos de la Iglesia de América Latina y el Caribe (Aparaceda #391), y la virtud de solidaridad debería poner a la Iglesia claramente del lado del pueblo hondureño cuya dignidad básica está siendo violada ahora.

Hemos conocido valientes sacerdotes y religiosas, y mujeres y hombres laicos que acompañan a personas de toda profesión y condición social, cuyos derechos humanos se están violando. Muchos de estos trabajadores pastorales han sido amenazados y atacados también. Tuvimos una larga conversación con el obispo de Santa Rosa de Copán y oímos claramente su compromiso con los pobres y sus perspectivas sobre la influencia de los intereses económicos en facilitar el golpe de Estado. Ese análisis lo oímos, repetido muchas veces más, en nuestras visitas por todo el país. Oramos para que la Iglesia Católica oficial en Honduras escuche con atención el dolor de aquéllos que se sienten abandonados y asuma ella el rol de hablar rotunda y firmemente para poner fin a ese patrón de intimidación y abuso oficial contra quienes pacíficamente expresan su oposición al golpe.

También instamos a la comunidad católica en todo el mundo y todas las personas de buena voluntad a fortalecer la solidaridad internacional con el pueblo hondureño, acompañando a aquéllos cuyos derechos humanos básicos están siendo violados, abogando por una solución justa y duradera a esta crisis, y enfrentando las muchas maneras en que la codicia internacional por los minerales y mercados, la riqueza, poder y control proporcionan un terreno fértil para el sufrimiento en Honduras. La paz y la estabilidad a largo plazo dependen en asegurar que los sectores pobres y marginados de la sociedad se incluyan en la vida económica y política del país.

Creemos que los hondureños – incluso la sociedad civil, la Iglesia Católica y todas las comunidades de fe, los militares y la policía, el sector privado, los sindicatos, políticos, eruditos, abogados – pueden unirse para crear una sociedad justa y poner fin a la crisis que viven actualmente. Para avanzar en ese sentido requerirá un retorno al gobierno legítimo del pueblo y para el pueblo, un fin a los abusos de poder que caracterizan a la Honduras que hemos visitado en estos días y un compromiso profundo a un diálogo honesto y sumamente participativo que cruce las diferencias que ahora dividen la sociedad hondureña.

Nos comprometemos a apoyar este esfuerzo y ayudar a animar a la acción en solidaridad con el pueblo de Honduras en las redes internacionales de comunidades religiosas y personas de fe de que somos parte.

*En coordinación con Centro Quixote y la Alianza Social Continental
Hermanas de la Misericordia de las Américas – Equipo de Justicia:
Hermana Diane Guerin, RSM, Ministeria de Justicia, La Comunidad Mid-Atlántica
Hermana Edie Lopez, RSM, Ministeria de Justicia, Comunidad de América Central y Sur
Jean Stokan, Director, Equipo del Instituto de Justicia

Marie Dennis, Co-Presidenta, Pax Christi Internacional y Director, Oficina Maryknoll para Asuntos Globales, Washington DC

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