Las regiones, otras damnificadas del TLC EEUU-CAN

Domingo 27 de junio de 2004 por Alianza Social Continental
27/6/2004
En las negociaciones del TLC con Estados Unidos, uno de los temas que ha sido polémico es el posible efecto y la participación de las regiones en el mismo. Del tratado entre Estados Unidos y México se reconoce como resultado prioritario el aumento de las disparidades regionales. El gobierno colombiano ha sido sordo ante muchos reclamos regionales que ven amenazados sus sectores productivos, sus empresas públicas y aun más su capacidad para desarrollar programas sociales, de llegar a firmarse el TLC. Un ejemplo de esto son las recientes declaraciones de Luis Eduardo Garzón, Alcalde de Bogotá, quien además de señalar el carácter secreto de las negociaciones, mostró su preocupación sobre los peligros para empresas distritales como la de teléfonos y energía y expresó reservas sobre el efecto de temas como la soberanía alimentaria y el acceso a medicamentos genéricos para la población bogotana.
En las negociaciones no caben las regiones y el gobierno nacional se ha limitado a realizar unos cuantos seminarios, en los cuales hace propaganda entre sectores empresariales sobre las virtudes del libre comercio y promueve una ilusión exportadora, ya que el esquema negociador, que deja para el final las decisiones cruciales, no permite informar nada.
El tratado se está negociando sin diagnósticos sobre su impacto regional y subsiste una gran ignorancia entre las autoridades locales y fuerzas vivas locales de la región acerca de las graves implicaciones de lo que se está negociando. En la mitad de su mandato y después de más de un año de promulgado el plan de desarrollo y a seis meses de la firma del TLC, el gobierno está, a marchas forzadas, improvisando un nuevo plan de desarrollo que con el nombre de “agenda interna” prepara al país para este tratado. Con ese esquema de, primero el tratado y después la preparación para el mismo, se revela nuevamente la obsesión gubernamental de firmar lo que sea y a toda costa.
Las autoridades locales deberían debatir el asunto con la sociedad civil y manifestar en forma clara sus preocupaciones y críticas y engrosar las filas de los que vemos en este tratado una grave amenaza.