Perú: Tierras ancestrales en peligro

Decreto legislativo facilita venta de tierras de las comunidades indígenas y campesinas

Como parte del paquete de leyes exigidas por el tratado de libre comercio (TLC) con EEUU antes que entre en vigencia el 1 de enero del 2009, el Ejecutivo -haciendo uso de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso- aprobó el 20 de mayo el Decreto Legislativo 1015 que reduce la proporción de integrantes de las comunidades campesinas e indígenas que deberán votar para vender o concesionar sus tierras en la sierra y la selva.

El objetivo del decreto -que unifica los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y la selva con las de la costa-, es “promover y facilitar la inversión privada en dichas tierras comunales”. Para ello establece que para que “comuneros no poseedores y terceros” puedan hacerse de las tierras comunales, “el acuerdo de la Asamblea General de la Comunidad requerirá el voto a favor de no menos del 50% de los comuneros posesionarios con más de un año”.

El dispositivo deroga el artículo 11º de la Ley 26505 de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, que exigía la votación de los dos tercios (66.6%) de los miembros de la comunidad para la venta de sus tierras.

Es más, ahora no se requiere la mitad del total de comuneros posesionarios, sino de los reunidos en asamblea, con lo cual se corre el riesgo de que una minoría pueda tomar una decisión que afecte a toda la comunidad.

La tierra para empresas extractivas Laureano del Castillo, abogado e investigador del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), dijo en entrevista a La Revista Agraria que “usando la delegación de facultades para modificar la legislación se están cambiando las condiciones para que las comunidades puedan disponer de sus tierras. Pero no se entiende cómo ello las beneficiará cuando, ahora, una minoría puede tomar decisiones trascendentales sobre la tierra, el activo más importante de las comunidades hoy”.

Tanto el presidente Alan García como el sector empresarial saludaron la medida al decir que “no hay que poner condiciones diferentes a los de la costa, porque son mestizos, y diferentes a los indios de la sierra, pues es una forma de racismo selectivo”.

La norma tiene que ver con un artículo de García publicado en octubre del año pasado en el conservador diario El Comercio, el más importante del país, titulado “El síndrome del perro del hortelano” en el que señala que “existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades artificiales que tienen 200,000 Ha en el papel pero sólo utilizan agrícolamente 10,000 Ha y las otras son propiedad ociosa, de ‘mano muerta’, mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras”.

García agrega en su artículo que “para que haya inversión se necesita propiedad segura, pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir, entonces aparte de la tierra, deberán pedirle al Estado para fertilizantes, semillas, tecnología de riego y además precios protegidos. Este modelo minifundista y sin tecnología es un círculo vicioso de miseria, debemos impulsar la mediana propiedad, la clase media de la agricultura que sabe conseguir recursos, buscar mercados y puede crear trabajo formal”.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) precisó en un comunicado que el decreto “desconoce el requisito del quórum reglamentario que exigen todas las normas legales”. La CAOI advirtió sobre el grave riesgo que corren las comunidades “porque las empresas extractivas que invaden territorios comunales pueden apropiarse ‘legalmente’ de esas tierras amañando ‘asambleas’”.

Acción de inconstitucionalidad La Defensoría del Pueblo manifestó que existen vicios de inconstitucionalidad en el decreto y que vulnera el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por el Perú en 1993.

El Convenio 169 especifica que “los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.

La Constitución peruana establece que “las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono”.

El decreto igualmente contraviene el derecho a consulta para obtener el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas, reconocido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de setiembre del 2007 e impulsada por países con importante presencia indígena como Guatemala, México y Perú.

La Defensoría señala que el decreto “debilita la protección reforzada que da la Constitución a la tierra indígena como bien comunal al permitir que la disposición sobre las tierras comunales recaiga sobre una minoría y se realice en una asamblea simple”, agregando que las comunidades tienen “una menor protección que la que tienen los accionistas de una persona jurídica”.

Considera que “la disposición de las tierras comunales sólo debería realizarse con el voto aprobatorio de la mayoría absoluta de los comuneros”, es decir, más del 50% de los comuneros inscritos, no únicamente de los asistentes a la asamblea.

Según la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Confederación Campesina del Perú (CCP) existen unas 5,680 comunidades campesinas en la sierra y más de 1,300 en la selva que poseen el 76% de las tierras cultivables. Sus dirigentes anunciaron que se recolectarán firmas, junto con otras organizaciones como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), para presentar una acción de inconstitucionalidad contra el decreto.

Tomado de:Noticias Aliadas

Artículo: El síndrome del perro del hortelano

Por Alan García Pérez. Presidente de la República

El reclamo por la titulación de la vivienda es muy grande. Cada peruano sabe que con una propiedad legalizada, vendible, hipotecable o transmisible por herencia puede mejorar su situación. Pero el Perú como conjunto tiene el mismo problema y no lo sabe. Muchos de sus bienes no se pueden poner en valor, ni vender, ni se puede invertir en ellos, ni generar empleos con ellos.

Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción. Los ríos que bajan a uno y otro lado de la cordillera son una fortuna que se va al mar sin producir energía eléctrica. Hay, además, millones de trabajadores que no existen, aunque hagan labores, pues su trabajo no les sirve para tener seguro social o una pensión más adelante, porque no aportan lo que podrían aportar multiplicando el ahorro nacional.

Así pues, hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano que reza: "Si no lo hago yo que no lo haga nadie".

El primer recurso es la Amazonía. Tiene 63 millones de hectáreas y lluvia abundante. En ella, se puede hacer forestación maderera especialmente en los 8 millones de hectáreas destruidas, pero para eso se necesita propiedad, es decir un terreno seguro sobre 5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta tecnología.

Ahora solo existen las concesiones que dependen de la voluntad del Gobierno y del funcionario que puede modificarlas. Por eso nadie invierte ni crea un puesto de trabajo por cada dos hectáreas como debería ser; ni hay elaboración de la madera y exportación de muebles. En su mayoría, esas concesiones rapiña solo han servido para sacar la madera más fina, deforestar y abandonar el terreno.

Por el contrario, la propiedad formal por grandes empresas colectivas como los fondos de pensiones permitiría hacer inversiones de largo plazo desde la siembra hasta la cosecha años después.

Los que se oponen dicen que no se puede dar propiedad en la Amazonía (¿y por que sí en la costa y en la sierra?). Dicen también que dar propiedad de grandes lotes daría ganancia a grandes empresas, claro, pero también crearía cientos de miles de empleos formales para peruanos que viven en las zonas más pobres. Es el perro del hortelano.

Respetemos los bosques vírgenes y nativos, pero comencemos por los 8 millones de hectáreas que han sido convertidos en desiertos y destruidos en los últimos años por las concesiones rapiña, la coca y la tala salvaje. Allí podrán generarse un millón de empleos y además trabajos en la elaboración de muebles.

Es una vergüenza que Chile exporte US$2.000 millones en madera sin tener una hectárea de Amazonía, Uruguay US$1.000 millones, Brasil US$8.000 millones y que el Perú apenas exporte US$200 millones.

Un segundo tema demuestra lo mismo, es la tierra. Para que haya inversión se necesita propiedad segura, pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir, entonces aparte de la tierra, deberán pedirle al Estado para fertilizantes, semillas, tecnología de riego y además precios protegidos. Este modelo minifundista y sin tecnología es un círculo vicioso de miseria, debemos impulsar la mediana propiedad, la clase media de la agricultura que sabe conseguir recursos, buscar mercados y puede crear trabajo formal.

¿Pero qué es lo que observamos en el país? Cuando uno ve una playa muy bella, alguien ya la denunció hace muchos años y no ha puesto un centavo de inversión para hacer en ella un balneario y pasará decenios más sin valor. Así están todos los cerros que rodean lima, donde la inversión podría hacer milagros. Así están todas la canteras y calizas de cemento denunciadas pero no trabajadas.

Además existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades artificiales, que tienen 200 mil hectáreas en el papel pero solo utilizan agrícolamente 10 mil hectáreas y las otras son propiedad ociosa, de 'mano muerta', mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador.

Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú, sin saber que fue una creación del virrey Toledo para arrinconar a los indígenas en las tierras no productivas.

Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero, pero la telaraña ideológica del siglo XIX subsiste como un impedimento. El perro del hortelano.

El tercer tema es el de los recursos mineros en los que el Perú tiene la riqueza más grande del mundo, no solo por la cantidad sino también por la variedad de recursos mineros, o que permite que si un producto baja de precio, se compense con otros productos. Sin embargo, apenas la décima parte de esos recursos está en proceso de explotación, porque aquí todavía discutimos si la técnica minera destruye el medio ambiente, lo que es un tema del siglo pasado, claro que antes lo destruía y los problemas ambientales de hoy son básicamente por las minas de ayer, pero en la actualidad las minas conviven con las ciudades sin que existan problemas y en todo caso eso depende de lo estricto que sea el Estado en la exigencia tecnológica a las empresas mineras y en negociar mayor participación económica y laboral para los departamentos donde estén las minas.

Cuando voy a la ciudad de Ilo y veo su desarrollo urbano, que es el más avanzado del Perú, sé que es producto de la minería y de la pesquería y me duele comparar eso con el pueblo de Ayabaca, que tiene más recursos mineros que la mina de Cuajone en el sur, pero que vive la mayor pobreza. Y es que allí el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista. Pero siempre anticapitalista, contra la inversión, sin explicar cómo, con una agricultura pobre, se podría dar un salto a un mayor desarrollo.

Y contra el petróleo, han creado la figura del nativo selvático 'no conectado'; es decir, desconocido pero presumible, por lo que millones de hectáreas no deben ser exploradas, y el petróleo peruano debe quedarse bajo tierra mientras se paga en el mundo US$90 por cada barril. Es preferible para ellos que el Perú siga importando y empobreciéndose.

Un cuarto tema es el del mar; Japón tiene menos riqueza pesquera pero come cinco veces más pescado por año y por habitante que el Perú, porque ha desarrollado su maricultura. Pero aquí, cada vez que se quiere otorgar un lote de mar para que un inversionista ponga sus jaulas de crianza artificial, aumente la producción y cree trabajo, reaccionan los pescadores artesanales de la caleta cercana, que ven nacer una competencia más moderna y dicen que se está bloqueando su derecho al libre paso, que se contamina el mar y otros invocan lo sagrado del Mar de Grau, en vez de aceptar esta nueva actividad que podría generar cientos de miles de empleos.

Además, el Perú tiene en la cordillera una riqueza enorme por las lluvias que caen sobre ella. Se calcula que anualmente caen 800 mil millones de metros cúbicos en la cordillera que bajan por los ríos hacia el Pacífico y el Atlántico. De lo que va al Pacífico aprovechamos una pequeña cantidad para agricultura y para la generación eléctrica, pero de lo que baja hacia el Atlántico a formar el Amazonas, no aprovechamos prácticamente nada.

¿Cómo aprovecharlo? Ahora que el petróleo aumenta y seguirá aumentando su precio, debemos pensar en la generación eléctrica que es renovable, casi eterna y limpia. Y pensar su uso y su venta en términos continentales. Grandes centrales eléctricas hechas sobre el Marañón y en las caídas del bajo Urubamba, nos permitirán vender energía a Ecuador, Colombia, Chile, Brasil. Pero eso tienen que hacerlo grandes capitales privados o internacionales que necesitan una seguridad de muy largo plazo para invertir miles de millones y para poder recuperar sus inversiones. Pero el perro del hortelano dice: ¿Por qué van a hacer dinero con nuestras caídas de agua? Mejor que lo haga el gobierno regional. Pero no dicen con qué dinero.

Así pues, cualquier peruano que mire a su alrededor verá cuánta riqueza existe que no está puesta en valor.

En quinto lugar, el propio trabajo humano no está puesto en valor para el que trabaja. El trabajo informal que es mayoritario, es un trabajo no incorporado a la economía ni a la legalidad; no tiene seguridad social porque no cotiza, no tiene pensión porque no aporta a ningún sistema, para darle valor a ese trabajo en beneficio a la persona, lo lógico sería un avance progresivo para que los empleados de la microempresa, que son millones, tengan en primer lugar los derechos fundamentales mínimos, seguro de salud, pensión y 8 horas. Es más de lo que hoy tienen. Así se fortalecen la caja de pensiones y el fondo del seguro médico.

Pero a este acceso progresivo se opone la demagogia que dice: "Hay que dar de inmediato todos los derechos a los trabajadores de la microempresa familiar o informal". Pero no saben (o tal vez sí) que lo único que conseguirán es que el microempresario, incapaz de pagar esos costos, cierre la empresa y despida a muchos trabajadores, con lo cual el remedio será peor que la enfermedad.

También hay otros que dicen: "Si no se puede dar de inmediato todas las gratificaciones y 30 días de vacaciones, que el Estado les dé salud total sin que coticen y les dé a todos una pensión mínima sin que hayan aportado". Pero resulta que son estos los mismos que están en contra de la inversión forestal en la selva porque es sagrada, en contra de que el comunero venda, aunque quiera, las tierras comunales porque son sagradas, en contra de que se abran más minas porque el Perú solo debe ser agrario, que no haya maricultura en el mar. Y así sin inversión, sin trabajo creado, creen que el Estado es un pozo sin fondo del que pueden salir eternamente todos los recursos y terminar diciendo: "Reduce la jornada laboral estatal a 6 horas, paga más salarios, aunque el Perú no produzca más".

Como punto final podría añadir que tampoco se pone en valor el cerebro de nuestros alumnos e hijos. La educación se hace en la mayoría de casos para ser aprobada con 11, en lugar de impulsar la excelencia y el esfuerzo del 18. Un grupo de malos profesores y malos funcionarios exigen no ser evaluados para esconder su mediocridad y así el sistema sigue produciendo resultados sin valor. Y los de siempre dicen: "Que me den más sin que yo cambie y sin que haga ningún esfuerzo". Así pues, son aliados del minero informal, del maderero clandestino, de la miseria campesina, del empleo informal y de la falta de mérito y esfuerzo.

Frente a la filosofía engañosa del perro del hortelano, la realidad nos dice que debemos poner en valor los recursos que no utilizamos y trabajar con más esfuerzo. Y también nos lo enseña la experiencia de los pueblos exitosos, los alemanes, los japoneses, los coreanos y muchos otros. Y esa es la apuesta del futuro, y lo único que nos hará progresar.