Ya es tiempo de renegociar el TLCAN con participación amplia de la sociedad y de frenar las negociaciones de la ASPAN

Urge replantear integralmente las relaciones entre los países de América del Norte Ya es tiempo de renegociar el TLCAN con participación amplia de la sociedad y de frenar las negociaciones en el marco de la ASPAN Desde hace ya varias décadas los gobiernos de México y Canadá han orientado sus economías a las necesidades de Estados Unidos. Esta subordinación se formalizó con los Tratados de Libre Comercio primero entre Canadá y Estados Unidos y luego en el trilateral Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En el 2005, se ha pactado la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), con el propósito de ampliar el perímetro de seguridad de Estados Unidos más allá de sus fronteras, garantizar su seguridad energética y profundizar la integración económica de los tres países para tratar de mejorar la decaída competitividad mundial estadounidense. Hoy hay un nuevo contexto que exige replantear radicalmente este modelo. Es tiempo de tomar en serio lo que enseña la actual crisis financiera, económica, ambiental y alimentaria. El paradigma neoliberal –sustento del TLCAN, de la ASPAN y de la nueva versión del fracasado proyecto de ALCA que se pretende revivir por medio de la iniciativa “Caminos para la Prosperidad en las Américas”–, ha mostrado su fracaso ya que está ampliamente documentado que los gobiernos no han logrado sus objetivos ni siquiera de crecimiento económico, mucho menos de prosperidad para la mayoría. Si no bastaran más de dos décadas de fracaso, como lo constatan más de medio millón de mexicanos obligados a migrar a Estados Unidos cada año, hoy, en tiempos de crisis, hasta los más fervientes promotores del paradigma neoliberal han reconocido que se equivocaron y acuden al Estado buscando ser rescatados. Más aún, de acuerdo con numerosos científicos la explotación sin límites de los recursos naturales a partir del modelo económico neoliberal, pone en riesgo las posibilidades de vida. El planeta no aguanta más. En el continente americano los tiempos caminan en dirección contraria al neoliberalismo. Los gobiernos de los tres países de América del Norte son de los pocos que se empecinan en seguir el mismo camino fracasado. No han entendido los signos de los tiempos: la derrota del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y de muchos de los intentos de TLC bilaterales de Estados Unidos y Europa con países de América Latina y el Caribe. No quieren entender que los pueblos del continente avanzan en la construcción de un camino alternativo propio. Es hora de que el presidente Obama cumpla con las promesas que le arrancaron sus electores. Prometió en campaña y ya como presidente, la renegociación del TLCAN. En febrero de 2008 afirmó que desde su primer año de gobierno convocaría a reuniones “transparentes” con el presidente de México y el primer ministro de Canadá y que, a diferencia con las cumbres similares bajo el presidente Bush, estas contarían “con la participación activa y abierta de los ciudadanos, trabajadores, el sector privado y organizaciones no gubernamentales para fijar la agenda y progresar”. En esta primera cumbre debe empezar a cumplir su promesa. El presidente Calderón y el primer ministro Harper deben también asumir este compromiso. El presidente Obama igualmente prometió en la Cumbre de Jefes de Estado de las Américas, en Trinidad y Tobago, una nueva relación con el continente. Es hora de pasar a los hechos y debe empezar con sus vecinos inmediatos. Es también tiempo de que el presidente Calderón y el primer ministro Stephen Harper escuchen las propuestas que se les han presentado con miras a una reformulación integral de las relaciones en América del Norte. Es urgente empezar a crear una relación de complementariedad y apoyo para un verdadero desarrollo nacional de cada país, sustentable ambientalmente, capaz de generar suficientes y bien pagados empleos y orientado a la distribución de la riqueza. De la misma manera, es hora de replantear la estrategia de la llamada “seguridad” de la región. Canadá y México no deben subordinarse a la guerra que el gobierno estadounidense define contra el terrorismo. México no debe seguir siendo quien pone los muertos en el combate al narcotráfico hacia territorio estadounidense. Tampoco basta que Estados Unidos acepte que es corresponsable del problema del narcotráfico y que en lugar de disminuir el consumo en su territorio sólo apoye financiera y técnicamente la guerra en territorio mexicano con la intervencionista Iniciativa Mérida cuyo financiamiento, apoyo logístico y de inteligencia cierra los ojos a los abusos del ejército mexicano y su creciente violación de los derechos humanos, lo que obligaría legalmente a Estados Unidos a cortar tal apoyo. El apoyo estadounidense encubre una militarización del país que también “contiene” la legítima protesta social y la criminaliza. Canadá, por su parte, debe retirarse de acuerdos bilaterales que permiten a los militares estadounidenses cruzar la frontera en caso de una emergencia civil en su país. Exigimos poner un alto a toda negociación en el marco de la ASPAN hasta que se discuta de manera pública y amplia, tanto por los Congresos como por la sociedad, lo que se ha acordado y todos los temas agendados hasta ahora en ese marco. Se debe excluir como interlocutor único al Consejo de Competitividad de América del Norte que da a las grandes y más poderosas corporaciones transnacionales el privilegio de establecer las políticas publicas. Los gobiernos no deben seguir negociando y llegar a acuerdos al margen de los poderes legislativos y a espaldas de la sociedad. Exigimos también entrar a fondo en una renegociación transparente del TLCAN mediante discusiones en las que participen los actores sociales. Nos oponemos a lo que hasta ahora han sido renegociaciones continuas para profundizarlo. Es hora de repensar integralmente las relaciones inter-norteamericanas abandonando el paradigma fracasado y erróneo del “libre comercio”, que no es otra cosa que dejar la dinámica económica regional a la ley del más fuerte. El presidente Calderón y el primer ministro Harper han expresado resistencia a renegociar el TLCAN. Aducen que abrir la negociación conlleva el riesgo de que Estados Unidos quiera nuevas concesiones. Este razonamiento parte del implícito de que no se le puede decir que no, de que lo que se pactó hace 15 años ha sido bueno. Los pueblos de los tres países piensan lo contrario y han presentado múltiples estudios de los resultados del TLCAN demostrando que el balance es negativo para las mayorías. Prueba de ello es que parte del éxito electoral del presidente Obama fue su promesa de renegociarlo. Las encuestas en Canadá y México indican que la mayoría está de acuerdo con la renegociación. En México el rechazo al TLCAN se ha expresado en multitudinarias manifestaciones populares, como la de “El campo no aguanta más”, que culminaron con un acuerdo firmado por el entonces presidente Fox de renegociar el TLCAN. El planteamiento de los movimientos sociales de Québec y de Canadá ha sido retomado por un subcomité del Parlamento canadiense que trata temas de comercio internacional y ha solicitado que el Comité permanente de asuntos extranjeros y comercio internacional emprenda una revisión integral del capítulo 11 del TLCAN sobre inversiones y del capítulo 19 sobre resolución de controversias comerciales. En Estados Unidos algunos círculos gubernamentales y empresariales no quieren renegociar el TLCAN, sino profundizarlo en el espacio de la ASPAN; otros sectores quieren limitar la revisión a los acuerdos complementarios en materia laboral y ambiental. Sin embargo, más de un centenar de congresistas apoyan el Acta de Comercio, una iniciativa de ley presentada hace poco que obliga a detener toda negociación y aprobación de nuevos TLC hasta que el gobierno estadounidense haya revisado, de manera participativa, los impactos en la sociedad de los TLC existentes y los haya renegociado en conformidad con la evaluación de sus resultados. Las organizaciones sociales estamos de acuerdo en profundizar y hacer vinculantes acuerdos en materia laboral y ambiental, incluso hemos presentado propuestas detalladas sobre estas materias; pero sabemos que eso no basta. La mejor cláusula laboral que se pueda plantear quedará como derechos de papel si no se modifica de fondo el modelo económico que legalizó el TLCAN, el cual no ha sido capaz de generar empleos suficientes sino que ha provocado más desempleo, éxodo masivo de mexicanos, el cierre de pequeñas y medianas empresas y de fábricas en los tres países, y el desmantelamiento de empresas públicas. Todos los derechos laborales están vinculados a tener empleo, entonces ¿de qué sirve fortalecer tales derechos si hay pocos empleos? ¿Cómo se podría aplicar una buena cláusula ambiental si no se modifica el fondo del TLCAN que considera a la naturaleza sólo como fuente de recursos y ganancias privadas? Por eso planteamos una renegociación de fondo del conjunto del TLCAN: 15 años de miserias y degradación ambiental bastan. Por ello, exigimos una renegociación integral del TLCAN, desde nuevos paradigmas y objetivos: • Una nueva relación entre nuestros países basada en la complementariedad y solidaridad con pleno respeto a la soberanía de cada país y orientada a una verdadera redistribución de la riqueza; • Un Estado nacional liberado de los candados y limitaciones que el TLCAN impone para que pueda cumplir con su mandato constitucional: promover activamente un verdadero desarrollo sustentable a nivel social y ambiental; • Centralidad del mercado interno y exportaciones con alto contenido nacional; • Empleo bien pagado y con seguridad social de calidad y bajo responsabilidad pública; • Reconstrucción del sector agrario hacia la seguridad y soberanía alimentaria; • Soberanía y seguridad energética nacional conjugadas con la complementariedad regional siguiendo irrestrictamente el principio de la energía como bien público y derecho humano; • Garantía y promoción de todos los derechos humanos, incluidos los económicos, sociales, laborales, ambientales, de las mujeres, de los pueblos originarios y ambientales; • Servicios básicos y sociales considerados como derechos humanos y no subordinados a la ganancia privada. Lo anterior implica replantear muchos de los elementos transversales del TLCAN: • Trato nacional y de nación más favorecida; • Derechos abusivos otorgados a los inversionistas extranjeros sin obligaciones sociales ni compromiso con el desarrollo del país en el que operan; • Mercantilización de todos los servicios, incluso los que están asociados a los más elementales derechos humanos, como el agua, la salud y la educación; • Reglas de origen que exigen sólo contenido regional; • Propiedad intelectual por encima del derecho a la salud y al desarrollo; • Un Estado limitado a ser guardián de la competencia y a favorecer que las compras y obras públicas sean entregadas mayoritariamente a las corporaciones transnacionales; • La energía vista sólo con criterios mercantiles y no como un bien público y un derecho humano sometidos a criterios de sustentabilidad ambiental y social; • Una naturaleza vista sólo como recursos y fuente de ganancia y no de vida; • Un sector rural sometido a estrechos criterios sólo mercantiles; • Criminalización de la migración forzada por la falta de oportunidades; • Mecanismos de solución de controversias en instancias supranacionales que sólo han favorecido a las grandes corporaciones aún contra los derechos elementales de los pueblos al desarrollo y a la sustentabilidad y los más elementales derechos humanos. Sin renunciar a la demanda de renegociación integral queremos destacar algunas de las demandas particulares que han movilizado a nuestros pueblos. Por ejemplo, las organizaciones campesinas han planteado: • La sustitución del capítulo agropecuario por un “Acuerdo para la cooperación y complementación del desarrollo agroalimentario y rural de América del Norte”. • La recuperación del derecho soberano a establecer un mecanismo de administración de las importaciones y exportaciones de los productos agroalimentarios sensibles para garantizar la soberanía y seguridad alimentarias, así como para establecer una reserva estratégica alimentaria. • Rescatar el derecho soberano de establecer una política agroalimentaria y de desarrollo rural con base en la rectoría del Estado, la planeación a largo plazo, los derechos de los campesinos y pequeños agricultores a preservar y valorizar su trabajo y sus modos de vida, el derecho a la alimentación y una política de administración de la oferta agroalimentaria. • Reconquistar capacidad soberana para regular e incluso prohibir el uso de transgenicos. • Prohibición de prácticas desleales de comercio (dumping y subvención) y supresión de barreras proteccionistas no arancelarias disfrazadas de medidas fito-zoosanitarias. • Establecimiento de un fondo trinacional de inversiones estructurales y de cohesión social para el desarrollo rural de los tres países, con una aportación anual equivalente al uno por ciento del PIB de cada país. • Prohibición del uso de granos básicos para la producción de agrocombustibles. En varias reuniones trinacionales, los sindicatos de la energía han demandado la renegociación del capítulo de energía y se han opuesto a los acuerdos secretos sobre integración energética en el marco de la ASPAN, además han hecho las siguientes evaluaciones: • La energía debe ser considerada como un bien público y un derecho humano y no una simple mercancía manejada con criterios de ganancias privadas. • Canadá y México deben poder usar sus vastos recursos energéticos de forma soberana y como palanca de su propio desarrollo –el cual además debe ser sustentable- y no seguir siendo simples abastecedores seguros del mayor consumidor y despilfarrador de energía del mundo. Para caminar en esta dirección debe eliminarse el articulo 605 del TLCAN -sobre abasto seguro- que obliga a Canadá a mantener la venta de petróleo a Estados Unidos aún si causa escasez doméstica. • La renegociación del capítulo energético del TLCAN debe incluir acuerdos para una justa y paulatina transición hacia una nueva matriz energética compatible con la sustentabilidad y preservación del planeta. • Es una obligación oponerse a los agrocombustibles, pues no sólo no son una verdadera solución a la necesidad de cambio de la matriz energética, sino se entra en contradicción con el objetivo de alcanzar la seguridad alimentaria y de hacer realidad el ejercicio del derecho humano a la alimentación asequible para todos y todas. Los sindicatos, y con ellos el resto de los sectores sociales, hemos demandado que los derechos laborales -y no sólo los individuales, sino también los colectivos como la libertad de asociación y contratación colectiva consagrados en los acuerdos fundamentales de la OIT- estén por encima de cualquier acuerdo en materia económica-comercial. Todos y todas hemos demandado que, en coherencia con el derecho internacional sobre derechos humanos, los acuerdos y tratados internacionales en materia ambiental también sean vinculantes, justiciables y estén por encima de cualquier acuerdo económico-comercial. Todos y todas queremos seguridad, pero seguridad ciudadana con pleno respeto a los derechos humanos y garantías fundamentales. La seguridad no debe reducirse a la defensa y protección de los intereses de las empresas transnacionales y los gobiernos. Garantizar y promover los derechos humanos en el sentido integral de la palabra, es decir, incluyendo los derechos económicos, sociales, laborales, ambientales, de los pueblos originarios y sobre el territorio, debe ser el objetivo final de cualquier estrategia y acuerdo económico. Garantizar y promover estos derechos debe de ser la guía transversal de la renegociación del TLCAN. De esta forma, el actuar de los gobiernos se apegaría más a lo establecido en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993) que pide en su Declaración y Programa de Acción abstenerse de suscribir acuerdos internacionales que perjudiquen el goce de los derechos humanos. En síntesis, organizaciones campesinas, sindicales, indígenas, de pobladores de barrios, de mujeres, de ambientalistas, de defensores de derechos humanos, junto con congresistas de los tres países que han conformado un grupo de trabajo sobre la renegociación del TLCAN, con el grupo amplio de congresistas estadounidenses que han presentado la iniciativa legislativa para una nueva ley de comercio internacional de su país, así como con las comisiones del parlamento canadiense que trabajan en el mismo sentido, demandamos a los gobernantes de América del Norte que escuchen a sus pueblos y entren de una vez por todas a repensar integralmente las relaciones de los 3 países en función de los intereses generales de la mayoría y no sólo de un puñado de corporaciones transnacionales, pues ello sólo nos ha llevado a vivir la peor crisis de los últimos dos siglos. Tenemos propuestas serias y sustentadas y un creciente consenso trinacional sobre ellas y en razón de ello exigimos un diálogo público y una consulta abierta y democrática para repensar el futuro de América del Norte. Hasta ahora los mandatarios sólo han escuchado bajo el paraguas de la ASPAN a los grandes empresarios agrupados en el Consejo de Competitividad de América del Norte, ya es hora de que escuchen a sus pueblos. ***************************** NOTA: Este documento fue elaborado con la participación de varias personas y organizaciones de México, Estados Unidos y Canadá, convocantes al Foro Trinacional Alterno para su discusión en Guadalajara, Jalisco, México, frente a la cumbre de mandatarios de América del Norte. Guadalajara, Jalisco, México, agosto de 2009. ____ Más información del Foro Trinacional Alterno: www.rmalc.org.mx

Desarrollado con el apoyo de Entremedios Comunicación Digital