Encarcelar a los indocumentados es un negocio lucrativo para las empresas privadas de reclusorios en EE.UU., que desde 2000 gastaron más de 32 millones de dólares en el cabildeo para dirigir más fondos a nivel federal para los centros privados de detención. En diez años el número de indocumentados encarcelados en prisiones privadas creció de 3.300 hasta más de 23.000