La detención del dirigente campesino Ramiro Choc, ha hecho estallar un
conflicto entre las autoridades y las comunidades Q´eqchíes en
Livingston, Izabal. Choc reivindica los derechos ancestrales de
comunidades indígenas que fueron desalojadas de un terreno en disputa en
junio de 2006. El gobierno ha calificado las acciones de los campesinos
como «terroristas», exacerbando las tensiones entre ambas partes. En el
trasfondo de este conflicto subyace un entramado de intereses económicos
por la tierra en una región donde se cruzan necesidades de sobrevivencia
de poblaciones enteras con áreas protegidas y proyectos turísticos.
Asimismo, subyacen otros intereses que giran en torno a la explotación
minera, el cultivo de la palma africana y la ganadería. Este conflicto
es uno más de los que se han dado en Izabal y que han puesto de
manifiesto la urgente necesidad de encontrar una solución al problema
agrario, el cual ha sido un foco de conflictividad durante sucesivos
gobiernos.
ESTALLA CONFLICTO DE TIERRAS EN IZABAL. El 14 de febrero, el dirigente
Q'eqchí, Ramiro Choc , fue detenido por las fuerzas de seguridad y
llevado a la cárcel de Zacapa. La orden de captura fue girada por el
Ministerio Público ( MP ) bajo cargos de usurpación agravada, robo
agravado y detención ilegal, siendo la querellante adhesiva Silvia
Ileana Lemus Solórzano de Castellán . Posteriormente, Choc fue
trasladado al Preventivo de la zona 18 en la capital.
En protesta contra la detención de Choc , el 21 de febrero, 29 agentes
de la Policía Nacional Civil ( PNC ) fueron mantenidos como rehenes y
liberados luego de un cautiverio de 33 horas gracias a la intervención
de la Procuraduría de Derechos Humanos ( PDH ) y el compromiso de las
autoridades de sentarse a negociar una solución al conflicto.
Sin embargo, los primeros intentos de negociación fracasaron. Los
campesinos, por una parte, dijeron que esto se debió a la falta de
voluntad del gobierno para dar respuesta a sus demandas y, por otra, el
presidente Colom condenó enérgicamente las acciones de los campesinos:
«Más de cinco secuestrados es terrorismo. El gobierno no va a negociar
con ningún grupo ilegal» ( Nuestro Diario , 24/02/08).
El 27 de febrero, 120 efectivos de la PNC y el Ejército tomaron control
de Livingston y reabrieron la subestación policial, que había
permanecido cerrada durante siete días tras la toma de los rehenes (
Prensa Libre , 28/02/08). Con estos incidentes se agudizó un conflicto
que comenzó en junio de 2007, cuando los campesinos habían sido
desalojados de los terrenos del barrio Buena Vista La Esperanza sobre
los cuales Lemus Solórzano reclama derechos de propiedad.
Tras el desalojo, el grupo de campesinos liderado por Choc amenazó con
boicotear las elecciones en Livingston y El Estor si representantes del
gobierno se negaban a negociar con ellos ( Prensa Libre , 10/08/07).

I. La disputa por el Varadero
Desde 2001, Silvia Lemus Solórzano se ha visto involucrada en una
disputa de tierras con la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás
de Castilla ( EMPORNAC ). Según una investigación publicada por
elPeriódico, el 14 de julio de 2006, El Varadero , terreno que se
encuentra frente a la costa de Livingston, Izabal, ha sido
utilizado desde el siglo XIX como astillero para reparar barcos y
fue inicialmente propiedad de inmigrantes alemanes que se
asentaron en Izabal.
En 1896, pasó a ser propiedad de la Compañía Ferrocarril Verapaz y
Agencias del Norte y en 1943 el terreno fue expropiado por el
Estado por razones de utilidad y necesidad pública. En 1989 se
convirtió en propiedad de la empresa estatal EMPORNAC .
En 2001, Lemus emprendió un proceso sumario de desocupación y
desahucio argumentando que El Varadero era de su propiedad.
Después de haber dado comienzo al proceso, Lemus fraccionó una
parte de su terreno y se lo otorgó a su hijo Francisco Arturo
Castellán Lemus .
Antes de inscribir el fraccionamiento en el Registro, Lemus fue a
la municipalidad para que el entonces alcalde de Livingston, Byron
Juventino Ardón , inspeccionara y midiera la propiedad para
establecer los linderos a pesar de que esto no era un requisito
legal para la inscripción de la propiedad. El alcalde y el
secretario municipal autorizaron la desmembración de la finca y en
acuerdo se dio constancia de que Lemus poseía un derecho de
propiedad sobre el terreno.
Este fraccionamiento de la finca que pasó a manos de Castellán
Lemus fue inscrito con el número 4777, folio 277 y libro 10E de
Izabal. El problema es que según los datos cartográficos, se
sobrepone al terreno de EMPORNAC . La inscripción en el registro
muestra que para poder anotar esta finca, los linderos de la finca
original de Lemus Solórzano tuvieron que haber sido alterados.
Originalmente en el lindero sur del terreno de Lemus Solórzano
existía una franja de 50 varas entre el terreno y la playa pero en
la nueva finca esto se eliminó y se extendió hasta la playa.
Sin embargo, Abraham Santizo , abogado de Lemus Solórzano dijo a
Inforpress : «La portuaria dice que es propietaria de una finca en
Livingston que es ahora propiedad de los Castellán. Si bien es
cierto que la portuaria tiene una finca en Livingston, no está
marcada por colindancias» . A esto añadió que «si fueran
propietarios no hubieran reclamado un juicio ordinario de
reivindicación de posesión, sino que hubieran reclamado propiedad»
.
De acuerdo con Santizo , la Corte le dio a EMPORNAC posesión de El
Varadero pero un recurso de amparo interpuesto por Lemus Solórzano
fue confirmado por la Corte de Constitucionalidad ( CC ). Para
complicar más las cosas, el 6 de agosto de 2003, Tito Antonio
Bassi Leoni interpuso una demanda contra Castellán Lemus . Bassi
Leoni , quien reclama ser el propietario de la finca que Castellán
Lemus adquirió cuando el terreno de su madre fue fraccionado, es
un personaje conocido en Izabal como vendedor de armas israelitas
al Ejército guatemalteco durante el conflicto armado * . Bassi
Leoni es propietario de tierras en la región y también es dueño
del hotel Tucan Dugu en Río Dulce, Izabal, a través de su empresa
Intersuiza S.A.
Santizo alega que la disputa se debe a que EMPORNAC le otorgó a
Bassi Leoni un terreno en arrendamiento pero que en la
documentación no se especifica cuál es su ubicación exacta. Cabe
señalar que durante los últimos diez años, Castellán Lemus ha sido
objeto de varias demandas, una por agresión interpuesta en 1998
por Juan José Blanco Paz , alcalde auxiliar del Barrio Pueblo
Nuevo, Livingston y otra interpuesta por el Club Internacional de
Yates S.A., en 2003.
* ¿Quién mató al obispo? Autopsia de un crímen político , Maite
Rico y Bertrand De La Grange , editorial Planeta, 2003. Pág. 251.

TERRENOS EN DISPUTA . Según las organizaciones campesinas de Izabal y el
alcalde de Livingston, Miguel Rax Asij , las tierras del barrio Buena
Vista La Esperanza pertenecen a la municipalidad mientras que Lemus
Solórzano reivindica ser la propietaria legítima. Cabe señalar que la
familia Lemus también se ha visto involucrada en disputas de tierras con
la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla ( EMPORNAC ) y
otros actores (ver cuadro I).
Arnoldo Yat , de la Defensoría Qeqchí explicó a Inforpress : «Todo se
centra en la certeza jurídica de la tierra. Sí tiene ella el título de
la propiedad pero hay traslapes de fincas. Por otra parte, la comunidad
reclama sus derechos ancestrales. Ocuparon la finca de la señora pero lo
consideran parte de la comunidad» .
En entrevista con Inforpress , Rax Asij , alcalde por la Unidad Nacional
de la Esperanza ( UNE ) dijo: «Ella [Lemus] trabajó un tiempo en el
Registro de la Propiedad y siendo así se apoderó de las fincas pero no
sabía cuáles eran los linderos del terreno. Luego, el administrador de
ella puso los linderos y surgieron los problemas» .
Sin embargo, Lemus Solórzano niega haber trabajado en el Registro de la
Propiedad. Una funcionaria de la oficina de recursos humanos del
Registro de la Propiedad, confirmó a Inforpress que según los archivos
del registro Lemus Solórzano nunca trabajó en esa institución.
Lemus Solórzano acusa a Rax Asij de haber manipulado las demandas
campesinas con fines políticos: «El alcalde es qeqchí . Trajo a esa
gente del Estor y les ofreció tierras para que votaran por él» . Sin
embargo, Aníbal Maquín , quien fue funcionario del Fondo de Tierras (
FONTIERRAS ) hasta diciembre de 2007 explicó: «Un grupo de El Estor es
parte del movimiento pero es por la misma necesidad. La mayoría son
albañiles y carpinteros. Es gente de El Estor pero ya se avecindó allí y
lleva como ocho años en Livingston» -sic- .
En cuanto al desalojo que originó el conflicto, Lemus Solórzano dijo a
Inforpress : «Invadieron y tuvimos que aplicar la ley para que fueran
desalojados. Hasta les propusimos venderles la parte ocupada. Pero esto
es casco urbano. Se venden lotes para casas pero ellos querían granjas»
.
Abraham Santizo , abogado de Lemus Solórzano , añadió: «Ellos querían la
venta pero no tenían la plata. Esta gente no accedió a retirarse del
lugar. Doña Silvia les ofreció cuatro manzanas pero ellos pedían todo,
las 36 manzanas, y tuvimos que acudir al Ministerio Público» .
Santizo dijo que durante el desalojo, Erick González , un funcionario de
la Secretaría de Asuntos Agrarios ( SAA ), fue vapuleado. Sin embargo,
los campesinos de Izabal y de otros departamentos donde han habido
desalojos forzosos han acusado a González de comportarse en una manera
prepotente y abusiva en su trato con las comunidades.
Carlos Morales , de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (
UVOC ), dijo a Inforpress : «Durante el gobierno de Berger mandaron a un
grupo llamado de alto impacto. Vinieron a amenazar a las personas. Erick
González era el coordinador de la SAA en Alta Verapaz. Hay muchas quejas
de los campesinos sobre la prepotencia con la que trataba a la gente.
Hay denuncias de los campesinos a la PDH» .

II . Terratenientes e intereses mineros en el trasfondo
Durante los últimos años, el departamento de Izabal se ha
convertido en un escenario de conflictividad agraria a raíz de los
intereses económicos que giran en torno a la explotación minera,
el cultivo de la palma africana y la industria del turismo.
Como señaló a Inforpress Mildred López , investigadora del Área de
Estudios del Campesinado de la Asociación para el Avance de las
Ciencias Sociales en Guatemala ( AVANCSO ): «Hay intereses mineros
y de terratenientes que están jugándose en torno a la
conflictividad en el área» .
Silvia Ileana Lemus Solórzano de Castellán , quien se ha visto
involucrada en conflictos de tierras con las comunidades
campesinas, la municipalidad de Livingston y la Empresa Portuaria
Nacional Santo Tomás de Castilla entre otros actores, pertenece a
la familia Pivaral , conocidos como terratenientes cafetaleros * .
Incluso, en Livingston se asegura que es prima del actual Fiscal
General, Juan Luis Florido Solís .
Otra familia con fuertes intereses económicos en Izabal son los
Maegli , propietarios de Inversiones de Desarrollo, S.A ( INDESA )
que produce palma africana en el sureste del Lago Izabal. La
importancia económica de la palma africana, que actualmente se
cosecha para la producción de aceites comestibles, va en aumento
ya que de este producto también se puede producir biodiesel (
Inforpress 1730 ). La industria minera ha sido protagonista de
enfrentamientos con la población q´eqchí. En noviembre de 2006 se
produjo un desalojo violento en terrenos en disputa entre los
pobladores indígenas y la Compañía Guatemalteca de Níquel ( CGN-
Inforpress 1675 y 1682 ).
El 14 de febrero recién pasado un helicóptero que transportaba a
funcionarios de Ministerio Público ( MP ) y la Procuraduría de
Derechos Humanos ( PDH ) se accidentó en San Felipe de Lara, en
Livingston, Izabal. El helicóptero había partido de Alta Verapaz
con destino a los terrenos de la CGN para inspeccionar lugares
supuestamente invadidos por campesinos q´eqchíes ( Prensa Libre ,
15/02/08), lo cual demuestra que persisten las disputas de tierras
en torno a la industria minera en la región.
* Su tío abuelo, Ovidio Pivaral Herrarte , candidato presidencial
en 1944, complotó para derrocar a Juan José Arévalo y fue
expulsado del país en 1945. Un nieto de Pivaral Herrarte , Carlos
Midence Pivaral , fue un alto dirigente del Movimiento de
Liberación Nacional ( MLN ), partido contrainsurgente denominado
como «el partido de la violencia organizada» por su fundador,
Mario Sandoval Alarcón ( Inforpress 1694).

DEMANDAS AGRARIAS INSATISFECHAS: EL PROBLEMA SUBYACENTE.
El conflicto de tierras en Izabal pone de manifiesto que el nuevo
gobierno deberá abordar el tema de la distribución de tierras y que si
el nuevo gobierno no ofrece soluciones, los conflictos agrarios seguirán
siendo un foco de conflictividad, como lo han sido durante sucesivas
administraciones.
La conflictividad agraria es un problema estructural que ha trascendido
gobiernos. Durante el gobierno de Óscar Berger esto se agravó y las
disputas aumentaron de 911 casos en 2004 a 1,052 casos en 2005 (
Inforpress 1651 ). *
Para que esto cambie, el nuevo gobierno deberá enfrentarse a los
intereses de la élite económica del país. Así lo expresa un comunicado
de las comunidades de El Estor, publicado el 28 de febrero, y enviado al
Presidente Colom , la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría de
Derechos Humanos ( PDH ): «Se le hace un llamado al Presidente de
Guatemala que cumpla con su promesa cuando tomó posesión el 14 de enero
del presente año; cuando en su mensaje expresó «que les llegó el tiempo
a los marginados de Guatemala» .
A finales de enero, el gobierno anunció el inicio del Sistema Nacional y
Permanente de Diálogo, un espacio de discusión y logro de consensos en
los que se considerarán los temas de interés nacional más importantes,
entre ellos el tema agrario. El lanzamiento de esta convocatoria se hace
en un contexto de graves problemas, principalmente en seguridad.
Mildred López , investigadora de la Asociación para el Avance de las
Ciencias Sociales ( AVANCSO ), señala que durante el gobierno de Berger
, la Secretaría de Asuntos Agrarios ( SAA ) se constituyó en parte
acusadora cuando en su mandato original fue creada como una instancia
mediadora para la resolución de conflictos. Según la analista, el papel
de la SAA es uno de los primeros puntos que el nuevo gobierno deberá
tratar en la agenda agraria.
A criterio de López , el conflicto no pondrá en peligro el Diálogo
Nacional aunque «sí podría afectar en la medida que las partes se
radicalicen» . La investigadora dijo que el éxito del diálogo dependerá
en gran parte de la voluntad política de las autoridades y que sólo
avanzará si no se utiliza como «un recurso de dilación» para evitar
acciones concretas. Arnoldo Yat también enfatizó este punto y dijo: «El
diálogo es la única solución pero que también haya voluntad por parte
del Estado» .
Miguel Ángel Sandoval , ex presidenciable de la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca ( URNG-MAIZ ) señala que en el conflicto de
Livingston subyacen demandas agrarias insatisfechas y problemas
estructurales como la distribución desigual de la tierra: «La expresión
de profundo malestar de parte de las comunidades de Livingston sólo
ilustra el abandono a que han sido sometidos los temas agrarios en
nuestro país. No importa si es un nuevo gobierno, o si se pretende hacer
un momento de presión a las nuevas autoridades. El punto real es que la
situación agraria espera soluciones» ( Albedrío.org , 23/02/08).
Helmer Velásquez de la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales
y Cooperativas ( CONGCOOP ), coincide con este análisis y señala en una
columna de opinión dirigida al presidente Colom : «La cuestión en Izabal
es histórica y la solución debe asumir esta magnitud. Ramiro Choc es un
preso de conciencia. No revolvamos la paja con el grano. No le pedimos
violentar la Ley. Le demandamos orientar su política de Estado como lo
manda la Constitución: bajo principios de justicia social» ( elPeriódico
, 28/02/08).
* En una carta abierta dirigida al mandatario Álvaro Colom , el ex
candidato presidencial de URNG-MAIZ , Miguel Ángel Sandoval , escribió:
« Estoy seguro que sabes muy bien que tenemos en el campo alrededor de
1700 conflictos sin solución; más de 40 mil expedientes que demandan
seguridad jurídica; y que con el catastro y la urgente ley de
regularización de tierras, tendremos varios miles de casos de conflicto
más .» ( Albedrío.org , 26/02/08).