Alianza Social Continental

La Alianza Social Continental, ante la incursión del ejército colombiano en territorio ecuatoriano, que desencadenó una crisis en la región andina y fue examinada en la OEA, precipitando la realización de una Cumbre del Grupo de Río y causando inestabilidad y desconcierto en la región, declara:

1.Las recientes acciones militares del gobierno de Uribe en el territorio ecuatoriano representaron la violación de la soberanía de ese país, como se señaló en la declaración expedida por la OEA que reafirmó “el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal”. En la misma declaración se manifestó que el artículo 15 de la Carta de la OEA establece que "el derecho que tiene el Estado de proteger y desarrollar su existencia no lo autoriza a ejecutar actos injustos contra otros estados". En la resolución de la OEA se califica de “clandestina” la existencia del campamento de las FARC en Ecuador, con lo cual se contradijo la interpretación del gobierno colombiano sobre la complicidad del gobierno ecuatoriano con la insurgencia. Esta condena al gobierno colombiano no fue realizada solamente por gobiernos de “izquierda” sino que países como Panamá, Francia, Italia, Costa Rica y Perú, entre otros, se han pronunciado en el mismo sentido, al igual que decenas de organizaciones sociales de todo el mundo. La declaración del Grupo de Río reunido en Republica Dominicana, unos días después, ratificó esto al expresar: “Rechazamos esta violación a la integridad territorial de Ecuador, y por consiguiente reafirmamos el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal”. El 17 de marzo los Cancilleres de la OEA ratificaron estos conceptos y rechazaron nuevamente la incursión colombiana en Ecuador. El intento de Uribe de escalar el conflicto y ensanchar las diferencias con asuntos como la acusación a Chávez ante la Corte Penal Internacional o las acusaciones a Correa de ser socio de las FARC, en lugar de aclarar o distensionar el problema lo agravaron. Los gobiernos de la región no validaron estos procedimientos y obligaron a Uribe y a Estados Unidos a retroceder.

2.Las dos declaraciones consecutivas y la resolución definitiva de la OEA, realizadas en el curso de pocos días, constituyen una derrota a la aplicación de la política de guerra preventiva, preconizada por el gobierno de Estados Unidos. La apelación por parte del gobierno colombiano, para justificar su agresión, a las resoluciones de la ONU que autorizaron la intervención de Estados Unidos en Afganistán e Irak, reflejan el estrecho vínculo entre el gobierno de Uribe y las posiciones imperialistas de Bush. Por otra parte, la militarización y las fumigaciones en la frontera, como producto de la aplicación del Plan Colombia y la persistencia en llevar éste a un nuevo nivel en lo que se ha llamado Plan Colombia II, ratifican que Uribe es el más firme aliado de EEUU en la región. Este hecho fue ratificado por el mismo Uribe cuando al preguntarle sobre si Colombia estaba preparada para una guerra respondió que no, pero que tenía amigos que la apoyarían, obviamente refiriéndose a Estados Unidos. Hace poco tiempo funcionarios del gobierno ofrecieron el territorio colombiano para reemplazar la Base de Manta, que Ecuador en una expresión de dignidad, decidió cerrar. Por otra parte, en materia económica, Uribe ha concentrado todos sus esfuerzos en la relación con EEUU y ha subestimado el papel del mercado subregional y latinoamericana. El análisis de la conducta de Uribe no puede aislarse de este contexto y forma parte de la política de EEUU para la región y para toda Suramérica. La importancia de Colombia en la estrategia estadounidense es evidente en el hecho de que a raíz de los incidentes Bush comenzó a presionar a los demócratas para que demostraran su respaldo a Colombia, aprobando el TLC.

3.La falta de una solución política negociada del conflicto armado colombiano y su extensión más allá de las fronteras se constituye en un elemento de perturbación de la vida democrática en la región, da pretextos a la intervención norteamericana y dificulta la concreción de vínculos de hermandad entre los pueblos. Esta solución política no es una necesidad solamente de Colombia sino de la región La política de Uribe de no negociar e intentar durante 6 años la solución exclusivamente militar no ha resuelto el problema del conflicto armado.

4.Es urgente el restablecimiento pleno de la normalidad en las relaciones entre los países, la apertura de canales de dialogo y la solución de las diferencias por medios pacíficos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y económicas dentro del pleno acatamiento de la legislación internacional, el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la solución de las diferencias por medio de las consultas y el diálogo.

5.La intermediación de los gobiernos de Venezuela, Francia, Suiza, Brasil -y otros- por el canje humanitario en Colombia y la liberación de secuestrados, debe seguir jugando un papel positivo. Era y es previsible que esta intermediación se dé dentro del marco de consideraciones políticas, humanitarias e ideológicas disímiles que es necesario respetar.

6.Las fuerzas de la izquierda democrática en Colombia, principalmente agrupadas en el Polo Democrático Alternativo, La Gran Coalición Democrática, los movimientos de victimas y diversas expresiones del movimiento social que han librado importantes luchas por la democracia y la soberanía, enfrentando el autoritarismo de Uribe y los tratados de libre comercio y el régimen de terror impuesto por bandas paramilitares que han llevado a miles de desplazamientos y asesinatos, han condenado los secuestros, los atentados y toda acción que perjudique a la población civil. El gobierno de Uribe ha querido silenciar estas voces y polarizar a la opinión pública en Colombia y el mundo con el argumento de quienes no están con él, están con la guerrilla. La opinión internacional debe tomar nota que la oposición de izquierda democrática en Colombia es una importante fuerza, levanta banderas de clara crítica al gobierno y tiene una considerable influencia en el movimiento social. Invitamos a que los movimientos sociales y políticos del continente estén alertado ante la intención del gobierno colombiano de criminalizar la protesta social, tratar los opositores al régimen como delincuentes e impedir que las fuerzas políticas y sociales de Colombia se constituyan en una alternativa real. .

7.Son los pueblos de los tres países, y en especial el colombiano, las principales víctimas del deterioro de los intercambios económicos, sociales y culturales entre Colombia, Ecuador y Venezuela. Esta realidad es más cierta en el caso de las regiones fronterizas, donde son permanentes y por millones dichos intercambios.

8. 8. Los acontecimientos debilitan aún más a la CAN, perturban un proceso embrionario de integración como UNASUR y se constituyen en una amenaza para procesos constituyentes como los de Bolivia y Ecuador. La manipulación de los medios que quieren identificar los procesos de cambio y la acción legítima de los movimientos sociales, con el terrorismo, se constituyen en una fuente de inestabilidad y de tensión en la región. Sin embargo consideramos que la búsqueda de caminos alternos, soberanos y democráticos en la región salio fortalecida. Sin la participación de los pueblos y la labor activa de los movimientos sociales no se asegurará una paz duradera entre los países ni el fortalecimiento de un camino de integración de los pueblos.